Utilizar la pandemia para imponer todo tipo de controles



Estamos asistiendo al mayor confinamiento mundial de la historia de la humanidad. Algo increíble hace tan sólo unas semanas o meses, se ha convertido en una realidad actual, propia de novelas de ciencia ficción futuristas donde la humanidad se ve abocada a la esclavitud, al control férreo de una élite o casta política que únicamente mira por su beneficio personal, incluso a costa de provocar la muerte de cientos de miles o quizás millones, de seres humanos. Se podría decir que acabamos de aterrizar en dicho futuro apocalíptico.
Todo empezó en diciembre de 2019 (quizás fuese antes, pero no tenemos la confirmación) en la ciudad china de Wuhan. Allí se detecta una epidemia por un coronavirus al que se le denominará Covid-19.
El 31 de enero de 2020, el Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, declara la Alerta Pública Internacional por la Epidemia del coronavirus Covid-19. Pero varios países siguen sin tomar medidas para evitar aglomeraciones públicas, como sucedió en Europa, ya que dichas medidas se toman y se coordinan a través del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea.
Los primeros casos de Coronavirus Covid-19 aparecen en Italia el 31 de enero de 2020, al dar positivo dos turistas chinos que se encontraban en Roma. A fecha 2 de marzo del 2020, los contagiados eran más de 2000, y los muertos por COVID-19 eran 52. El 8 de marzo de 2020, el primer ministro Giuseppe Conte extendió la cuarentena a toda Lombardía y a otras 14 provincias del norte, poniendo a más de una cuarta parte de la población nacional (aproximadamente 14 millones de personas) bajo bloqueo, medida que el día siguiente fue extendida a la totalidad del país. El 11 de marzo de 2020 Conte prohibió casi todas las actividades comerciales, excepto supermercados y farmacias. El 19 de marzo, Italia se convirtió en el país con el mayor número de muertes confirmadas en el mundo.
A fecha de hoy, 21 de abril 2020, Italia es el país más castigado en muertes, por el Covid-19, registrando un total de 181.228 (108.237 activos) contagiados desde el inicio del brote, 24.114 muertos y 48.877 recuperados.
A pesar de que la OMS anunció la Alerta Pública Internacional por la Epidemia del coronavirus Covid-19 el 31 de enero del 2020, y de que Italia ha ido varias semanas por delante en los casos de contagio y muertes por el coronavirus, en España, el Gobierno no ha actuó hasta que ya se habían producido varios casos y muertes, después de que el Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, declarara la pandemia mundial del Coronavirus Covid-19 el pasado día 11 de marzo 2020.
Pues bien, a pesar de todos estos datos que el Gobierno conocía perfectamente, autoriza las manifestaciones del 8M en todo el país, a diferencia de Italia, donde el feminismo se reivindica sólo en los medios de comunicación y redes sociales.
Incluso, se pueden ver a ministras y ministros del Gobierno asistiendo a las manifestaciones del 8M llevando guantes de látex de color violeta, como se puede ver en las fotografías que aparecieron publicadas en varios medios. Lo que nos demuestra que conocían perfectamente el riesgo de contagio en las manifestaciones. Pero, aun así, se aprueban y se permiten.
En España el contagio es masivo, y debido a que no existen test suficientes para la población, se desconoce el alcance total y real de contagios por el coronavirus.
El 9 de marzo se disparan los positivos doblándose y los muertos ascienden a 28, y la Comunidad de Madrid y las localidades de Vitoria y Labastida, zonas de «transmisión comunitaria alta», se suspenden las clases y se recomienda el teletrabajo. A nivel nacional, se aconseja el cuidado domiciliario de los mayores y que las personas con enfermedades crónicas o con multipatologías limiten las salidas.
El 10 de marzo, con 1.639 casos y 35 fallecidos en España, se vetan los vuelos desde Italia y los viajes del Imserso. Se aplazan las Fallas.
 El 11 de marzo la OMS decreta la pandemia global, con 2.150 casos, la mitad de ellos en Madrid, y 51 fallecidos. Madrid cierra centros deportivos y grandes museos, Cataluña habilita el teletrabajo a los empleados públicos y el País Vasco cierra en Álava sus escuelas.
El 12 de marzo España contabiliza 84 fallecidos y más de 3.000 contagiados. El Gobierno aprueba medidas por 18.225 millones de euros, dieciséis comunidades y Melilla cierran sus centros educativos e Igualada y otras localidades catalanas cercanas confinan en sus casas a 70.000 personas.
El 13 de marzo, con 120 fallecidos y 4.200 infectados, el presidente Pedro Sánchez anuncia la declaración del estado de alarma durante 15 días. Madrid clausura todos los locales menos los de alimentación y primera necesidad, y Gobierno y comunidades recomiendan a la población que se confine voluntariamente en sus casas, pese a que los desplazamientos multitudinarios de personas de Madrid levantan recelos.
 El 14 de marzo el Consejo de Ministros declara el estado de alarma por segunda vez en democracia, en este caso por un virus que alcanza ya a 5.753 personas y ha matado a 136, con medidas drásticas en todo el país que limitan el movimiento -salvo para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales o cuidar a ancianos o dependientes- y la actividad comercial. Se permite al Estado asumir competencias de otras administraciones y disponer de medios sanitarios públicos, privados y militares.
El 15 de marzo aumentan considerablemente los positivos en España con 7.753; 288 personas han perdido la vida.
El 16 de marzo, con 309 muertos y 9.192 contagiados, España cierra las fronteras terrestres.
El 17 de marzo son ya 491 los fallecidos y 11.178 los contagiados, y el Gobierno da luz verde a un plan de choque que movilizará 200.000 millones de euros, cerca de un 20 % del PIB.
El 18 de marzo la pandemia deja en nuestro país 13.716 infectados y 598 fallecidos. Pero, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo peor está aún por llegar. Se dispara la alerta por la propagación en residencias de ancianos, con decenas de muertos en Madrid, Vitoria y Tomelloso (Ciudad Real) y en la capital funcionan los hoteles medicalizados.
El 19 de marzo son ya 800 los muertos en España, con más de 17.500 casos. Los hospitales madrileños entran en estrés, e Italia supera a China en número de muertos: 3.405 frente a 3.245. Los positivos ascienden a 33.190. Los 60 ataúdes transportados por los camiones del Ejército dan la vuelta al mundo.
El 20 de marzo España registra casi 20.000 contagiados y 1.002 muertos. La «sobrecarga» y la «presión» en las UCI de determinados hospitales está obligando a ser «un poco más restrictivos» a la hora de admitir pacientes, admite Sanidad.
El 21 de marzo las cifras en España son dramáticas: 1.326 fallecidos y 24.926 infectados. Se adquieren 8 millones de mascarillas y cuatro robots para realizar cada día cuatro veces más pruebas de las que se venían haciendo. 
Madrid habilita en Ifema 1.300 camas convencionales y 96 puestos de UCI, mientras Cataluña adapta varios hoteles.
El 22 de marzo España recoge 28.572 casos y 1.720 fallecidos. Se prolongará el Estado de alarma hasta el 11 de abril y Sanidad reparte 1,6 millones de mascarillas entre las comunidades.
La UME desinfecta 21 residencias de mayores en Madrid.
El 23 de marzo España registra 462 fallecidos más, con 33.089 infectados. Sanidad no descarta trasladar pacientes entre comunidades, aunque se «va suavizando progresivamente el incremento de casos que se notifican cada día» y no existe «certeza de haber llegado al pico
El 24 de marzo España supera a China en número de fallecidos con 3.434 -738 muertos en 24 horas- y un total de 47.610 contagios; los casos en la UCI incrementan un 16 %, la menor tasa de los últimos días; todo ello el día en que el Congreso de los Diputados valida la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril. Mientras, Italia segundo país más afectado por el coronavirus en todo el mundo, cuenta 64.000 casos y 6.000 muertes, lo que señala un nuevo repunte en cuanto a los decesos.
Se podría seguir día a día hasta la fecha de hoy 21 de abril 2020, en que, según el último balance de Sanidad, 21.282 personas han muerto en España desde el inicio de la pandemia, mientras que 204.178 se han contagiado y 82.514 se han curado. La pandemia se ha cobrado la vida de más de 170.000 personas en el mundo y se han contagiado 2,4 millones, según la Universidad Johns Hopkins.
Bien, hasta aquí, hemos hecho un recorrido de los sucesos más relevantes que han marcado la actualidad.
Pero ahora viene el análisis de las actuaciones realizadas por parte del Gobierno Central:
El 14 de marzo 2020 el Gobierno declara el estado de alarma sanitaria en todo el país y se ordena el confinamiento (cuarentena) a toda la población, entrando en vigor el domingo 15 de marzo 2020 a las 00 horas.
Esta cuarentena obliga a todos los españoles, residentes en España y ciudadanos extranjeros, con excepción de los diplomáticos, a mantenerse encerrados en sus residencias habituales, exceptuando diversas situaciones, como adquirir alimentos y medicinas, acudir al puesto de trabajo o atender emergencias. Las restricciones también incluyeron la clausura de tiendas no esenciales, incluyendo bares, restaurantes, discotecas, cafeterías, cines, negocios comerciales y minoristas. De hecho, muchas empresas y PYME españolas, tuvieron que recurrir a los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para suspender temporalmente de empleo a sus trabajadores.
Se necesitan varios millones de mascarillas, así como miles de Equipos de Protección Individual (EPI) destinados a proteger al personal sanitario, además de aparatos respiración asistida para los hospitales, ya que no hay en el país, por lo que el Gobierno, el 25 de marzo 2020, informa lo siguiente:
"Madrid - 25 MAR 2020 - 15:41 CET
España ha formalizado un contrato de compra de material sanitario a China para hacer frente al coronavirus por 432 millones de euros, según ha explicado este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se trata de mascarillas, guantes y material de protección, test rápidos y equipos de respiración asistida, imprescindibles para los pacientes más graves con Covid-19. “Esta semana tendremos una primera entrega de materiales", ha avanzado.
“Hemos comprado y pagado 550 millones de mascarillas, que empezarán a llegar ya y seguirán llegando durante las próximas ocho semanas. Llegarán 11 millones de guantes durante las próximas cinco semanas. En cuanto a test rápidos, hemos adquirido 5,5 millones para los meses de marzo y abril. Además, recibiremos 950 equipos de respiración asistida durante los meses de abril a junio", ha explicado Illa. “Estamos gestionando la compra de más equipos”, ha añadido."

Pero la realidad será otra.
El 27 de marzo 2020, en los medios se publica lo siguiente:
"El Gobierno devuelve a China 58.000 test rápidos de coronavirus por ser defectuosos
 MADRID  27/03/2020 06:00 | Actualizado a 27/03/2020 12:30
El Gobierno ha devuelto una partida de 58.000 test rápidos a China tras advertir que no cumplen las especificaciones requeridas y por no ser fiables, lo que invalida su uso, como avanzó El País. Este hecho provocó una gran polémica que se trasladó al Congreso de los Diputados, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, escuchó los reproches de parte de la oposición por lo que calificaron de “gestión chapucera” y de sembrar la “desconfianza” de la población en el sistema en unos momentos muy duros.
Pero este no será el único contratiempo, por segunda vez y con el mismo proveedor chino, se vuelve a recibir 640.000 test defectuosos, tal como se publicó en los medios:

"El Gobierno trata de recuperar el dinero de los test defectuosos tras comprobar que el reemplazo tampoco funciona
Sanidad cancela todo el pedido después de analizar las nuevas pruebas que la empresa china Bioeasy envió tras aceptar la devolución de las 640.000 primeras"
A todo esto, no hay suficientes medios para combatir la Covid-19, ni tampoco se realizan los test necesarios, ni siquiera a todo el personal sanitario que está jugándose la vida (como ha sucedido con varios médicos y sanitarios que han fallecido a consecuencia del contagio).
Es cierto que China no sólo ha vendido material defectuoso a España, lo ha hecho a toda Europa, tal como se puede leer en las noticias aparecidas en los medios, pero el presentarlo como excusa, no exime de la responsabilidad del Gobierno por no hacer bien las cosas.
Las noticias aparecidas en los medios y en las redes sociales han ido alertando a la población de situaciones que los medios oficiales no informaban, lo que también ha provocado una serie de bulos o noticias con verdades a medias que ha hecho que el Gobierno haya decidido controlarlas. Y aquí es donde viene el peligro.
¿Se nos está controlando a través de nuestros móviles, correos y otras aplicaciones?
Los rumores no son gratuitos. Ya se han presentados aplicaciones que detectarían la presencia de sujetos infectados o con síntomas y fiebre, que nuestros teléfonos móviles detectarían e informarían y que, por tanto, también estaría informando de nuestra posición o ubicación en todo momento. Una posibilidad que ya se ha barajado, por lo que evidentemente supondría la vulneración de un derecho constitucional.
 La población se encuentra en cuarentena desde hace 36 días, y posiblemente aún queden muchos días más, aunque se denomine confinamiento o cuarentena, más parece un arresto domiciliario, donde se carece de toda la información necesaria y veraz. Los medios oficiales no cuentan toda la verdad, y eso hace que surjan otros medios alternativos a los que acude la población. Y claro, al conocerse aspectos muy trascendentales con respecto a la pandemia, que la información oficial no proporciona, la población empieza a hacerse muchas preguntas, donde las respuestas encontradas no gustan a nadie.
Y ahora, para acabar de levantar susceptibilidades, el Gobierno pone en marcha un servicio de control a las publicaciones y manifestaciones de la población en las redes sociales o medios alternativos, lo que tiene toda la apariencia de una especie de inquisición a la libertad de expresión y el derecho de información.
Y así, nos hemos visto sorprendidos por las declaraciones efectuadas por el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, quien ha afirmado que "actualmente, parte del trabajo policial durante la actual crisis sanitaria está centrado en la lucha contra los bulos que se difunden principalmente por redes sociales, con el objetivo de minimizar "el clima contrario" al Gobierno por su gestión."
Tal como recogen la mayoría de los medios del país, donde el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intentado disculpar las declaraciones del general Santiago, matizándolas y excluyendo la crítica al Gobierno del control policial, para acabar diciendo que: "Ha sido un lapsus".
Pero lo cierto es que ese "lapsus" no queda muy aclarado cuando, en otras publicaciones de los medios, se asegura que:
"La Guardia Civil ordenó por correo recopilar bulos que generen "desafección" al Gobierno".

"El Estado Mayor de la Guardia Civil, cuya jefatura recae en el general José Manuel Santiago, pidió el pasado 15 de abril por correo electrónico que las comandancias y unidades del Instituto Armado identificaran bulos y desinformaciones "susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno" en el marco del estado de alarma por la pandemia de coronavirus."
Y llegados a este punto, es cuando la duda sobrevuela sobre nuestras cabezas.
Todos estaremos de acuerdo en que los bulos hay que atacarlos y desenmascararlos, pero para eso, se utiliza la INFORMACIÓN VERDADERA, no una especie de inquisición ni la vulneración del derecho individual a la expresión, la opinión y la información.
Ha quedado patente que el Gobierno ha cometido muchos errores, con resultados muy graves, pues han muerto miles de personas que posiblemente se habrían salvado de haberse actuado con rapidez y diligentemente.
Si ahora, resulta que tampoco se puede opinar, ni criticar o informar sobre lo que sucede, resultará que, en vez de estar en un Estado de Derecho, nos encontraremos confinados en una especie de república bananera, donde la libertad de expresión brilla por su ausencia.
El actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez, cuando hacía la campaña electoral, prometió que si llegaba a ser presidente derogaría la Reforma Laboral de Rajoy (Partido Popular) y la llamada "Ley Mordaza". Pues no. Después de llegar a la presidencia del primer gobierno en junio de 2018 y ahora en enero de 2020, es decir, en casi dos años de Gobierno, no ha sido capaz de cumplir su palabra y derogar dichas leyes, entre otras. Y quizás ya no lo haga, pues es gracias a la "Ley Mordaza" que el Gobierno puede imponer dichas medidas de control y de sanción a la población.
Es muy posible que muchos de vosotros veáis algún tipo de conspiración en todo lo concerniente a la pandemia del Covid-19, y la verdad es que motivos no faltan. Sobre todo, si recordamos algunos de los mensajes que corren por las redes, o lo publicado por el diario "Actualidad", donde se puede ver a la que fuese Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ahora Presidenta del Banco Central Europeo, atribuyéndosele la frase siguiente: "Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya".

Aunque desde el Fondo Monetario Internacional no se han manifestado abiertamente, a preguntas de algún periodista sobre la veracidad de dichas declaraciones, el FMI manifestó que a lo que Lagarde había aludido es a las pensiones de los ancianos, que debido a que viven más tiempo habría que recortarlas.
Personalmente pienso que, si no lo dijo directamente, en el fondo es lo mismo, sólo que los ancianos se morirán más lentamente al no tener poder adquisitivo.
Pero resulta que, curiosamente, la Covid-19 está afectando en mayor grado a los ancianos, a los que, de acuerdo a las directrices de algunos de los gobiernos, no deben ser ingresados en la UCI, debido a la carencia de medios (respiración asistida) o falta de camas, que son destinadas a personas más jóvenes.
Y claro, ante estas situaciones ya descritas, ¿quién desea mantenerse con la boca cerrada y los ojos y oídos tapados?
Todo lo que está sucediendo debe servir para cambiar todo lo que no funciona bien, sea lo que sea, así como pedir responsabilidades cuando llegue el momento.
Para finalizar, sólo me queda incidir una vez más en la necesidad de aparcar todos los problemas y actividades que no sean vitales y centrarnos en superar juntos este virus, porque si no es con la unidad de todos, no podremos superarlo en óptimas condiciones.
Todos nosotros debemos actuar como uno solo, apoyándonos mutuamente y colaborando al máximo en todas las actividades encaminadas a parar esta pandemia, pero el Gobierno tiene que volcarse como nunca lo ha hecho en salvar todas las vidas posibles y enmendar los errores cometidos.

José Luis Giménez